El próximo 13 de marzo marca un punto de inflexión para muchas organizaciones: entra en vigor la Ley 2/2023, de protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, más conocida como la ley de la protección de informantes.
Esta normativa incorpora al derecho español la Directiva (UE) 2019/1937, estableciendo un marco claro de protección a quienes denuncien irregularidades dentro de las empresas. Y aunque su objetivo principal es fomentar entornos más éticos y seguros, lo cierto es que muchas empresas todavía no están preparadas.
En este artículo analizamos las implicaciones más relevantes y, sobre todo, cómo prepararse para cumplir con las nuevas exigencias sin poner en riesgo la estabilidad o reputación de la organización.
¿Qué implica realmente la Ley de la Protección de Informantes?
Más allá del titular, la ley de la protección de informantes introduce obligaciones muy concretas y con impacto directo en la operativa de las empresas:
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Implementar un canal interno de denuncias.
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Garantizar la protección y confidencialidad del informante.
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Nombrar un Delegado de Protección de Datos (DPO) si se gestionan datos personales derivados de las denuncias.
Estas medidas no son opcionales para empresas con 50 o más trabajadores. Y aunque pueda parecer una carga administrativa, en realidad son mecanismos que fortalecen la cultura de cumplimiento, la transparencia y la prevención de riesgos legales y reputacionales.
Obligatoriedad del canal de denuncias interno
La gran novedad que trae la ley de la protección de informantes es la obligación de implantar un sistema interno de información (canal de denuncias) en todas las empresas con una plantilla igual o superior a 50 personas. Esta herramienta debe ser confidencial, segura, accesible y permitir el seguimiento adecuado de las denuncias.
Disponer de este canal no solo permite gestionar internamente los posibles incumplimientos antes de que escalen, sino que también es una señal clara de compromiso ético y de responsabilidad empresarial.
Desde 7Experts recomendamos siempre soluciones digitales que garanticen trazabilidad, anonimato y cumplimiento legal, como nuestro propio canal de denuncias conforme a la ley.
¿Por qué también es obligatorio nombrar un DPO?
Una parte clave que muchas empresas pasan por alto es que el uso del canal de denuncias implica el tratamiento de datos personales (incluso de categorías sensibles), lo que activa automáticamente la obligación de contar con un Delegado de Protección de Datos.
La ley de la protección de informantes se remite expresamente al artículo 37 del RGPD y al artículo 34 de la LOPDGDD, donde se establece que debe nombrarse un DPO cuando el tratamiento de datos lo requiera por su naturaleza, alcance o fines.
El Delegado no solo supervisa el cumplimiento normativo en materia de protección de datos, sino que también garantiza que el canal de denuncias funcione con las garantías legales necesarias para proteger tanto a la empresa como al informante.
¿Qué riesgos legales existen si no cumples?
El desconocimiento no exime del cumplimiento. No aplicar las obligaciones de la ley de la protección de informantes puede salir muy caro:
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Multas de hasta 300.000 € por no disponer de un canal de denuncias (art. 65.1.a de la ley).
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Sanciones de hasta 10 millones de euros por incumplimientos en materia de protección de datos si no se nombra un DPO.
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Pérdida de reputación y confianza por mala gestión de denuncias internas.
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Mayor exposición a procesos judiciales, fuga de talento y presión mediática.
En resumen, los riesgos superan con creces cualquier ahorro que pudiera implicar no aplicar estas medidas.
Lo que muchas empresas aún no están viendo
La ley de la protección de informantes no es solo un marco sancionador. Es también una oportunidad para mejorar procesos internos, profesionalizar la gestión de conflictos y demostrar a clientes, proveedores y empleados que se actúa con responsabilidad.
La madurez en el cumplimiento normativo se está convirtiendo en una ventaja competitiva. Cada vez más empresas valoran como criterio de contratación la existencia de estos mecanismos, especialmente en licitaciones públicas o relaciones con empresas internacionales.
La clave: transformar una obligación en una herramienta de mejora
Muchas organizaciones están viendo la ley de la protección de informantes como una imposición. Pero desde nuestra experiencia como consultores, sabemos que este tipo de normativas ofrecen algo mucho más valioso que el simple cumplimiento: una palanca para mejorar la cultura interna de la empresa.
Contar con un canal ético bien diseñado y gestionado puede revelar fallos que, de otro modo, pasarían desapercibidos. Puede ayudar a detectar malas prácticas, corregir procesos, prevenir conflictos laborales o incluso proteger activos estratégicos antes de que se conviertan en problemas públicos.
Es decir, lejos de ser un obstáculo, implementar correctamente los mecanismos que exige la ley de la protección de informantes puede convertirse en una ventaja estratégica. Como consultores, nuestro objetivo no es solo ayudarte a cumplir, sino a construir un sistema útil y alineado con tu modelo de negocio.
Cómo preparar a tu equipo para cumplir con la Ley de la Protección de Informantes
Uno de los errores más comunes al implementar un canal de denuncias o un DPO es pensar que basta con tener la herramienta o la figura nombrada. La ley de la protección de informantes no solo exige estructuras, sino también cultura.
Esto implica formar, informar y sensibilizar al equipo. Desde el personal de dirección hasta los mandos intermedios, todos deben entender:
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Qué implica la ley y por qué existe.
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Cómo se activa el canal de denuncias.
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Qué protección tiene la persona denunciante.
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Qué papel juega el Delegado de Protección de Datos en la gestión de la confidencialidad.
Además, es fundamental establecer protocolos internos claros sobre cómo se recibe, evalúa y responde a una denuncia. En este punto, contar con una consultoría externa marca la diferencia: no solo implementamos herramientas, sino que ayudamos a que el equipo las use bien desde el primer día.
Un canal de denuncias mal gestionado puede generar más desconfianza que no tener ninguno. Por eso, acompañar a tu equipo en esta transición es clave para que la ley no se viva como una amenaza, sino como una mejora.
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- Nombra y gestiona el Delegado de Protección de Datos
- Forma a tu equipo para cumplir con confianza
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No esperes a que te llegue una denuncia para actuar. Conviértelo en una oportunidad para demostrar el compromiso de tu empresa con la legalidad y la transparencia.
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